Los
periódicos laboran en críticas condiciones por no tener acceso al papel
que importa el Estado a través de la Corporación Maneiro con divisas
preferenciales
La
entrega en forma discriminatoria de papel a medios privados y la
escalada de los precios que éstos deben pagar por otros insumos
importados, profundizó durante el mes de abril la crisis de varios
diarios venezolanos: Notidiario, de Delta Amacuro, cesó en su
publicación impresa; El Carabobeño, de Valencia, que ya había pasado a
tamaño tabloide, alarga su cierre usando el papel que estaba destinado
para su revista; El Siglo, de Maracay, Estado Aragua, anunció que sus
reservas de papel están exhaustas, y El Nacional sigue confrontando
enormes problemas para mantener su edición impresa.
Antes,
El Correo del Caroní pasó a tamaño tabloide y a limitar su circulación
de lunes a viernes, mientras que Tal Cual se convirtió en semanario.
Todos laboran en críticas condiciones por no tener acceso al papel que
importa el Estado a través de la monopólica Corporación Maneiro con
divisas preferenciales.
Esta señalada discriminación es la que hace
posible que un periódico de formato estándar, como El Universal,
tradicional e histórico competidor de El Nacional, pueda venderse a la
mitad de precio que el segundo, lo cual se traduce en una competencia
desleal sobre la base del apoyo gubernamental.
De
igual manera, los diarios oficialistas como Correo del Orinoco, Ciudad
Caracas y sus versiones para otras regiones, exhiben ediciones sin merma
en su paginación y, lo que resulta una afrenta para el agonizante
periodismo libre, distribuidos gratuitamente o al irrisorio precio de
dos bolívares.
La
crisis económica sigue arreciando con una severa caída de la producción
y por tanto de la publicidad que proviene del sector privado, mientras
la todavía cuantiosa pauta publicitaria del gobierno es repartida de
manera inequitativa: abundante para quienes se someten a los dictados
del Ejecutivo y virtualmente inexistente para los medios críticos.
La
crisis económica puede terminar por afectar también la enorme y costosa
estructura mediática del gobierno, pues circulan informaciones, no
desmentidas por el sector oficial, de un retraso de pagos en el exterior
por parte de la Corporación Maneiro, que tiene a su cargo la
importación de los insumos para la prensa nacional.
En
abril se dieron nuevos casos de despidos por retaliaciones políticas o
empresariales y algunos reporteros vieron obstaculizadas su labor de
informar sobre casos de ineficiencia y/o corrupción imputable al
Ejecutivo Nacional.
También resulta digna de mención la nueva demanda
por difamación introducida por el presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, contra 22 personas que forman parte, por separado, de
las directivas de los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla.
Se
dio un nuevo caso de detención de voceros gremiales que emitieron
opiniones sobre la crisis en el sector de los servicios, como fue el
caso del ingeniero Luis Vásquez Corro, del Estado Lara, quien alertó
sobre la posible profundización de la crisis eléctrica a causa del
fenómeno natural de El Niño. Fue detenido sin miramientos por una
comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Y
en el contexto de las campañas para las primarias para elegir
candidatos a diputados, el pasado 30 de abril la Policía Bolivariana y
la Guardia Nacional impidieron la realización de un acto de un
precandidato de la oposición en el estado Anzoátegui, agrediendo,
golpeando y deteniendo a siete personas, entre ellas al periodista Luis
Córdoba.
Los casos recopilados por Expresión Libre durante el mes de abril son los siguientes:
Una
nota de la periodista Delia Meneses sobre la quema, en la parroquia
Candelaria, de un Judas alegórico a personeros del gobierno, fue
censurada el 5 de abril en el diario El Universal.
El
7 de abril el periódico Notidiario, del Delta Amacuro, anunció que
dejaba de circular por falta de papel y la crisis económica. Permaneció
en su versión digital.
El
8 de abril el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, respondió de
manera airada una pregunta que le formulara el periodista Ramón Véliz
sobre las elecciones primarias en esa región. Al día siguiente el
gobernador reconoció su error y le dio excusas públicas al periodista.
El
13 de abril al periodista Gustavo Gómez Morón, reportero de Venevisión y
Unión Radio, le escupieron en la cara cuando intentaba dar cobertura a
la suspensión de venta de boletos en bolívares por parte de Cubana de
Aviación. Recibía declaraciones de los afectados al frente de la
empresa.
El
14 de abril la periodista Eliana Andrade, moderadora por cinco años del
programa de opinión “Polos Encontrados” de la televisora TVS, del
estado Aragua, fue despedida en forma intempestiva. Aparentemente fue
por comentarios subidos de tono en su facebook personal, al rechazar el
cambio en las políticas del gobierno para la adquisición de divisas. La
periodista admitió que sus comentarios fueron “impropios”. La decisión
partió del gobierno regional del Estado Aragua. Luego recibió mensajes
agresivos por parte de funcionarios de ese estado.
El
15 de abril el Grupo Ultimas Noticias despidió al periodista Jesús
Hurtado, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP), a quien le había abierto una solicitud de calificación de
despidos por textos publicado en su página de facebook en protesta por
la política informativa del diario. El organismo sindical rechazó el
despido por considerarlo ilegal y violatorio del fuero sindical.
El
16 de abril el diario El Carabobeño inició una serie de vigilias como
medida de reclamo a la entrega de papel por parte del gobierno nacional.
Anunció que le quedaba una semana de papel para su circulación, está
usando el papel de su revista para aguantar un poco más.
El
16 abril se informó que la Corporación Maneiro, que recibe papel en
forma monopólica y suministra a medios oficialistas y privados, tiene
una deuda internacional por no haber cancelado a sus proveedores durante
ocho meses.
La
periodista Madelyn Palmar y el diputado Julio Montoya fueron retenidos
el 16 de abril por efectivos militares cuando efectuaban una grabación
sobre la situación que viven habitantes de la Ciudad Comunal El
Laberinto, sector El diluvio, del Estado Zulia. Allí permanece en estado
de abandono un proyecto de “desarrollo agrícola socialista” que recibió
una inversión millonaria y que debía ser entregado en el 2010. Costosa
maquinaria pesada está deteriorándose. Les quitaron parte del material a
los periodistas y el teniente que les impidió seguir grabando y amenazó
con llevarse detenida a la periodista, anunció que “le entregaremos
esto al diputado Diosdado Cabello”.
El
delito de opinión se sigue aplicando. El Ingeniero Electricista Luis
Vásquez Corro, miembro de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de
Ingenieros de Venezuela, fue detenido el 19 de abril por una comisión
del SEBIN tras declarar que por efectos del fenómeno El Niño era muy
probable que el servicio eléctrico nacional, y en especial el del Estado
Lara, entrara en una crisis mayor. El Colegio de Ingenieros de
Venezuela (CIV), al solidarizarse con Vásquez, recordó que la Ley de
Ejercicio de la ingeniería le da al CIV Ley de Ejercicio, como Cuerpo
Moral de carácter Público (art. 21) que tendrá como fines principales
(art. 22) “servir de Guardián del Interés Público y actuar como Asesor
del Estado en los asuntos de su competencia”.
El
23 de abril el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,
introdujo una demanda por difamación contra directivos de los diarios El
Nacional y Tal Cual y el diario digital La Patilla, publicaciones que
se hicieron eco de las graves acusaciones que su ex colaborador Leamsy
Salazar hizo desde el exterior. En total fueron 22 las personas
demandadas por Cabello por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal de Caracas.
La
dirigente política María Corina Machado denunció que una entrevista que
tenía pautada en la televisora A1TV del Estado Falcón fue suspendida
por instrucciones del gobierno regional. “El periodista llamó a
cancelar, hay órdenes “superiores” de no darme espacio”, dijo en su
cuenta tuiter el 26 de abril. En la zona se dice que la amenaza que
viene del gobierno local es quitarles la señal a radioemisoras y
televisoras.
El
27 de abril la periodista Geisha Torres, con 15 años de carrera en la
fuente deportiva, fue contratada y despedida por el canal del Estado
TVES en una semana por presiones políticas. La causa aparente fue una
foto tomada hace siete años con el dirigente opositor Henrique Capriles
durante un evento deportivo, difundida por las redes sociales. La
empresa argumentó que no tenía presupuesto.
Los
periodistas Dayimar Ayala, del diario “2001”, y Hernán Lugo, de El
Nacional, fueron insultados durante un acto en el Teatro Municipal
porque se mantuvieron sentados mientras se cantaba el himno del PSUV.
Sucedió el 28 de abril.
El 30 de abril, mientras se preparaba la
tarima para un acto del precandidato de la Unidad en Anzoátegui, Jesús
Gómez, que tenía todos los permisos de la alcaldía, se presentaron
funcionarios de la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional,
arremetieron contra los que estaban en el lugar para impedir que se
realizara el evento y se llevaron presos a siete personas entre ellas al
periodista Luis Córdoba, a quien tiraron al piso y le rompieron la
cámara fotográfica y su celular.
Está comprobado que en época de elecciones se incrementan las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
Al
igual que como ha venido ocurriendo con otros diarios regionales, el
periódico El Siglo, uno de los más importantes del Estado Aragua,
anunció que se le agotaban las reservas de papel. Mostró fotos de sus
patios de bobinas completamente vacíos. Ante esta delicada situación, la
Seccional del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Aragua exigió
del gobierno nacional garantizar que la materia prima e insumos lleguen
hasta los medios de comunicación para asegurar con ello la permanencia
de las empresas editoras como vehículo para la libertad de expresión.
Agregó
la representación del CNP-Aragua que la presión económica sobre los
medios y las limitaciones para la adquisición de papel, son mecanismos
perversos para controlar la información y cerrar espacios que permitan
la denuncia y abran el compás a la pluralidad y la disidencia.
